Los dos megacontratistas ‘favoritos’ en la capital a los que piden investigar

Firma vinculada a exconcejal condenada y organizador de eventos concentran contratos por unos $ 20.000 millones en alcaldías locales y Distrito. Ellos dicen que todo es legal y que los estigmatizan.

En una lujosa edificación sin letrero, ubicada cerca del Park Way del tradicional barrio La Soledad de Bogotá, funciona una empresa dedicada a la organización de eventos deportivos.

Al menos cinco alcaldías locales de la capital –Santa Fe, Chapinero, Rafael Uribe Uribe, Los Mártires, Suba, Puente Aranda, Kennedy y Ciudad Bolívar– tienen contratos con esa empresa. Pero, desde 2013, se ha ganado 39, por más de 9.600 millones de pesos.

EL TIEMPO investigó a la empresa y en papeles aparece el nombre de una poderosa exconcejal de Bogotá que estuvo presa en la cárcel El Buen Pastor y tiene inquietas a tres cabildantes del Distrito que piden que se investigue lo que califican como una clara concentración de contratos.

La mujer a la que se refieren es Judy Consuelo Pinzón Pinzón, quien pagó cárcel por recibir coimas para asegurar un voto negativo en la discusión de un artículo del Código de Policía que se tramitaba en el Concejo de Bogotá.

Los herederos

En 2010, cinco años después de recuperar su libertad, la exconcejal (quien militó en el Movimiento Nacional Conservador) asumió las riendas de la empresa que se sigue ganando contratos en varias localidades: la Fundación para el Desarrollo Sociocultural Deportivo y Comunitario (Fundesco).

La representante legal de la firma es Ginna María Bejarano Pinzón, hija de la exconcejal. Y la expolítica capitalina le cedió la suplencia de la representación legal de Fundesco a su esposo, Mauricio Alfonso Duque Lenis, exasesor en el Concejo de Bogotá.

Fundesco aparece en un listado de empresas que salieron a relucir en un debate de control político a las alcaldías locales adelantado en el Concejo de Bogotá el pasado 18 de mayo y que tendrá su segunda parte en los próximos días.

Las concejales Diana Diago (Centro Democrático), María Fernanda Rojas y Lucía Bastidas (Alianza Verde) dijeron que hay un puñado de empresas y fundaciones que concentran el 47 por ciento de la contratación en alcaldías locales, cuyas cabezas designa la alcaldesa Claudia López.

En cifras, están hablando de contratos por 411.000 millones de pesos adjudicados en el período 2020-2023.

“En Bogotá hay más de 370.000 empresas habilitadas para contratar, pero las alcaldías locales tienen a 28 preferidas”, señaló Diago.

Los otros

Y agregó que la mayoría de contratos están relacionados con temas culturales y deportivos, y no para seguridad o mejoramiento de entornos públicos y escolares.

Las denuncias también se concentran en el empresario Carlos Alberto Pinzón Molina. La concejal María Fernanda Rojas señaló que es la cabeza visible de la Asociación Hogares Sí a la Vida, y su compañera la concejal Diana Diago aseguró que esta asociación se ha alzado con 55 contratos en todo el Distrito y 37 con alcaldías locales, por más de 12.000 millones de pesos.

Carlos Pinzón, organizador de eventos deportivos, figura en dos documentos de la Oficina de Control Interno de la propia Secretaría

de Gobierno del Distrito, en uno de estos se realizó un análisis de un muestreo de contratos durante la vigencia 2020.

“De los 94 contratos auditados a la fecha, 35 de ellos pertenecen al sector de cultura, recreación, arte y deportes, de los cuales 29 fueron adjudicados a oferentes relacionados con Carlos Pinzón Molina y sus filiales (...), es decir que del 100 por ciento de los contratos, el 82,8 por ciento fueron adjudicados a Pinzón Molina”, se lee en el documento.

Ya en 2013, un informe de la Contraloría de Bogotá, que también auditó la contratación de las alcaldías locales en el período 2010-2013, advirtió que resultaba preocupante que “una persona natural (Carlos Pinzón Molina) pueda atender tantos frentes de trabajo con la calidad y oportunidad que requiere la Administración para cumplir los fines estatales”.

Según un rastreo de EL TIEMPO, Pinzón tiene tres contratos activos con las alcaldías de Suba, Los Mártires y Santa Fe, que suman 2.147 millones de pesos.

Además, la Asociación Hogares Sí a la Vida, dirigida por su exesposa, acumula 8 contratos vigentes con la Secretaría Distrital de Gobierno, la de Integración Social y las alcaldías de Chapinero, Tunjuelito, Suba y Rafael Uribe Uribe por 12.374 millones de pesos.

‘Todo es legal’

Por eso, la concejal María Fernanda Rojas no duda en señalar que, a través de diferentes “jugadas”, Carlos Pinzón Molina ha alcanzado la adjudicación de varios contratos, con la expedición de certificados de experiencia ajustados a cada uno de los procesos contractuales.

El penalista Iván Cancino, apoderado de Carlos Alberto Pinzón Molina y de Viviana Melo Díaz –representante legal de Hogares Sí a la vida–, manifestó que “quien debe probar las irregularidades es quien las denuncia”.

Y añadió que “cualquier contrato que haya realizado Carlos Pinzón Molina se ha ajustado a la ley, y en la actualidad no tiene ningún incumplimiento de contrato, ni tampoco tiene ningún tipo investigación”.

Cancino calificó de meras especulaciones, sin sustento probatorio, lo que se ha dicho. En cuanto al nexo de Carlos Pinzón Molina con Hogares Sí a la Vida, señaló que lo único es que tiene una hija en común con Viviana Melo, su representante.

‘Me estigmatizan’

Por su parte, la exconcejal Judy Pinzón Pinzón afirmó que ya pagó su condena, que no tiene impedimentos legales y que la están estigmatizando.

“No hay ningún favoritismo, dicen que tenemos 39 contratos y eso ha sido en 10 años, solamente hay 12 activos. Tenemos la experiencia, capacidad e idoneidad y por eso hemos sido los ganadores de varios procesos; sin embargo, también hemos perdido muchos”, señaló la exconcejal.

Y agregó: “La fundación está estigmatizada porque fui concejal hace 20 años y porque pagué una condena. Estuve inhabilitada hasta el 2010, pero ya pagué. El hecho de que haya estado condenada no me quita el derecho a trabajar”.

La exconcejal también dijo que los señalamientos de las cabildantes tienen un fundamento político por ser el 2023 un año electoral. “Hablan de sobrecostos e irregularidades, nosotros no elegimos los costos de los productos. Las concejales tendrán que demostrar con pruebas lo que han dicho, estamos pensando en tomar acciones legales y tenemos pruebas de que todos los contratos han sido transparentes. No nos pueden revolver con todos y ponernos en la picota pública, nosotros hemos cumplido”.

Este diario intentó ubicar a la alcaldesa (e) de Ciudad Bolívar Tatiana Piñeros, para conocer su posición ante los señalamientos, pero en su despacho dijeron que el debate de control a las alcaldías locales no ha finalizado y una vez que el Distrito haga su intervención se pronunciarán.

En similar sentido se manifestaron otras alcaldías, y algunas no respondieron mensajes. Lo que preocupa a las cabildantes es que ya ha pasado una semana del primer debate y ningún organismo de control ha solicitado documentos para indagar los señalamientos.