Tráfico de armas: combatir este problema ayudaría a reducir la violencia en Latinoamérica

En 2018, las armas ilegales fueron responsables del 57 % de los homicidios en la región. Los países están tomando acciones, pero hay que hacer más.

El asesinato está en aumento en América Latina. En Ecuador, después de una gran disminución de homicidios hasta 2016, las tasas de asesinato aumentaron de 6 a 15 por cada 100.000 habitantes en 2021 y a 26 en 2022. En Jamaica, las tasas de homicidios se acercaron a 50, mientras que en Honduras se estimaron en 36 en 2022 (como referencia, la tasa de homicidios en Estados Unidos es de 6).

Un factor principal detrás de esta epidemia de violencia armada es la desviación y el tráfico ilícito de armas pequeñas y armas ligeras (SALW, por sus siglas en inglés) en toda la región. Estas armas fueron responsables de más del 57 % de los homicidios en América Latina en 2018, según Small Arms Survey. Pero ¿de dónde provienen y cómo se puede detener el tráfico ilegal de armas?

América Latina y el Caribe no es un gran mercado para la transferencia de armas convencionales militares. Durante los últimos cinco años, las transferencias internacionales de armas han disminuido en Suramérica, aunque Brasil experimentó un aumento del 48 % en sus importaciones entre 2017 y 2022. Solo unos pocos países de la región son productores de SALW y municiones, tales son Argentina, Brasil, Chile y México.

Así mismo, la región tiene regulaciones más estrictas para la posesión civil de armas que Estados Unidos. Esto es particularmente cierto en el caso de las armas de estilo militar, como el rifle AR-15, que a menudo es utilizado por los carteles de la droga mexicanos. La mayoría de los países exigen licencias para comprar armas, con requisitos que incluyen evaluaciones psicológicas y verificaciones de antecedentes penales, y también imponen límites en la cantidad y los tipos de armas que los ciudadanos regulares pueden adquirir.

Pero a pesar de estas regulaciones, millones de armas circulan en la región con efectos devastadores. En 2018 se estimó que más de 60 millones de armas de fuego estaban en manos de civiles en la región, de forma legal e ilegal. Aproximadamente 8,8 millones de SALW están en posesión de las fuerzas del orden y los militares.

En Bolivia, Colombia y México hay más armas no registradas que registradas. Y en Argentina y Brasil, la cantidad de armas no registradas es similar a la de las registradas. Mientras se ha hecho más difícil determinar el número de armas de fuego que poseen las empresas de seguridad privada en la región. En 2015, el Centro Regional para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Unlirec) y el Centro Dcaf estimaron un número conservador de 600.000.

Las armas ilegales en la región provienen de varias fuentes. Al final de las guerras civiles en El Salvador, Guatemala y Nicaragua quedaron miles de armas sin registrar, lo que alimentó un mercado negro en América Central. La mayoría de los analistas coinciden en que una de las principales fuentes de armas traficadas hacia la región es Estados Unidos, en particular hacia México. Se estima que más de 200.000 armas son compradas en Estados Unidos cada año y traficadas a México a través de “compradores ficticios” que adquieren las armas en tiendas o ferias de armas. En el Caribe, un estudio publicado recientemente por Small Arms Survey y la Agencia de Implementación para el Crimen y la Seguridad muestra que la mayoría de las armas de fuego responsables del aumento de los niveles de violencia y los homicidios en países como Jamaica y Haití son traficadas desde Estados Unidos a través de compañías de envío y aerolíneas comerciales.

La desviación al mercado ilegal también ocurre mediante certificados de usuario final falsificados con la complicidad de funcionarios corruptos. Este fue el caso de las más de 7.000 AK-47 compradas a Bulgaria por las Auc de Colombia en 1999, o las 3.000 AK-47 y municiones compradas por una empresa nicaragüense y posteriormente desviadas a grupos paramilitares colombianos. Con mayor frecuencia, la desviación ocurre desde los almacenes oficiales de las fuerzas militares y de seguridad. Casos documentados en Guatemala, El Salvador, Panamá y Venezuela demuestran que la corrupción en el ejército o las fuerzas de seguridad ha desempeñado un gran papel en facilitar la desviación de armas adquiridas legalmente hacia grupos criminales organizados que operan en la región.

Finalmente, la desviación de armas también ocurre desde empresas de seguridad privada que han proliferado en los últimos años debido a la deteriorada situación de seguridad en la mayoría de los países de la región. Según datos de la Policía Federal de Brasil, más de 12.000 armas fueron robadas o consideradas como desaparecidas de los almacenes de las empresas de seguridad privada entre 2017 y 2021.

Crimen organizado

Los millones de armas ilegales que circulan en la región y el persistente tráfico entre países y desde Estados Unidos han permitido la expansión de las actividades de las organizaciones criminales, y han hecho que sus actividades sean aún más violentas. El tráfico de drogas, por ejemplo, está inevitablemente vinculado al aumento de los niveles de violencia armada en la región.

Sin embargo, la militarización de la seguridad pública en México y Brasil, por ejemplo, no ha dado resultados positivos, ya que los carteles de la droga y otros grupos criminales solo han fortalecido su poder de fuego frente al Estado. A medida que las organizaciones de narcotráfico se expanden o trasladan sus operaciones a otros países, es probable que aumente la violencia armada. Esto es evidente en el caso de Ecuador y muchas naciones del Caribe en los últimos años.

El tráfico de armas no solo intensifica el crimen y la violencia, también afecta el desarrollo económico, la estabilidad política y la vida cotidiana de millones de personas en la región. El Banco Interamericano de Desarrollo estimó que los costos directos del crimen para 17 países de la región en 2010-2014 promediaron el 3 % del PIB de la región, lo que equivale a lo que la región gasta anualmente en infraestructura. Es muy probable que estos costos sean mayores hoy si se volvieran a medir las mismas variables.

Acciones estatales

¿Qué están haciendo los gobiernos de América Latina y el Caribe para controlar el tráfico ilícito de armas? Desde finales de la década de 1990, los líderes de la región han buscado fortalecer los esfuerzos para controlar y combatir este fenómeno. La mayoría de los países de la región se han comprometido con numerosos acuerdos, incluyendo la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (Cifta) y más recientemente, el Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT).

Estos acuerdos llaman a tomar acciones concretas, como establecer sistemas de control nacional, regular a los comerciantes e intermediarios de armas de fuego, marcar y rastrear las armas de fuego, implementar medidas de prevención de desviaciones y cooperación regional e internacional para investigar y enjuiciar a quienes estén involucrados en el tráfico ilícito.

En la mayoría de los países, las organizaciones regionales e internacionales han respaldado la destrucción de armas excedentes. En Argentina se destruyeron 40.000 armas entre 2020 y 2022, sumando un total de más de 400.000 desde 2000.

La cooperación internacional entre Interpol y las fuerzas del orden de toda la región resultó recientemente en la detención de aproximadamente 14.000 personas y la incautación de 8.263 armas de fuego ilícitas, así como 305.000 rondas de municiones. En 2021, en una operación similar, se arrestaron 4.000 sospechosos y se incautaron más de 200.000 armas de fuego, piezas, componentes y municiones ilícitas. Entre 2016 y 2020, se incautaron alrededor de 425.000 armas ilícitas en toda la región.

Pero no obstante los esfuerzos por aumentar el número de armas incautadas anualmente, se necesita hacer más. Y algunos gobiernos están tomando medidas novedosas para abordar el problema.

En 2021, el Gobierno de México presentó una demanda en un tribunal federal de Estados Unidos contra varios fabricantes de armas estadounidenses, incluyendo Smith & Wesson, Colt y Glock. El recurso busca responsabilizar a estas compañías por el papel que presuntamente desempeñaron sus armas en el fomento de la violencia relacionada con el narcotráfico en México. Aunque el caso fue desestimado en 2022, México presentó una apelación. Los Estados de la Comunidad del Caribe también han tomado medidas para abordar el tráfico ilícito de armas proponiendo prohibir el uso público de armas de asalto.

Hay otras medidas que los gobiernos pueden y deberían tomar para abordar el tráfico de armas. Mejorar la seguridad de los depósitos de armas, realizar más destrucciones de armas, hacer cumplir el marcado y rastreo y actualizar los sistemas de mantenimiento de registros son algunas acciones. El intercambio de información en los foros regionales e internacionales y la mejora de los controles fronterizos para detener el contrabando de armas también podrían ayudar. Pero sin un enfoque integral del problema que reduzca la demanda general de armas, nuestra región probablemente seguirá siendo la más violenta del mundo.