La ‘paz total’ del Gobierno flaquea en medio de escalada violenta de grupos armados

El reclutamiento y posterior asesinato de tres menores en Putumayo y el atentado que dejó tres muertos en Norte de Santander siembran nuevas dudas sobre uno de los proyectos insignia de Gustavo Petro. ¿Qué viene?

Al cumplirse apenas el quinto mes de la estrategia de ceses de fuego bilaterales entre el gobierno de Gustavo Petro y los grupos supuestamente interesados en una negociación, la escalada de violencia en todo el país vuelve a poner en jaque la apuesta por la ‘paz total’.

El atentado terrorista del Eln que mató a una civil y a dos policías en Tibú, Norte de Santander, el 24 de mayo —en medio de las conversaciones en Cuba iniciadas hace ya varias semanas— y el reclutamiento y asesinato de tres niños de la comunidad indígena Murui, en Puerto Leguízamo, Putumayo, perpetrados por la disidencia de ‘Iván Mordisco’, sumados a decenas de incidentes en todo el territorio nacional, muestran dos realidades. Por un lado, que la ‘paz total’ en cabeza del comisionado Danilo Rueda no despega. Y, por otro, que la conducción de la política de seguridad y orden público, responsabilidad del ministro Iván Velásquez, no ha logrado imponerse en las regiones.

Para entender cómo se llegó hasta este punto hay que remontarse a noviembre del 2022, fecha en que el Congreso aprobó una prórroga al marco legal de la Ley 418 de 1997 y de esta forma la administración Petro obtuvo herramientas para adelantar negociaciones de carácter político con grupos rebeldes y de sometimiento a la justicia para grupos criminales y bandas organizadas. La primera gran decisión en torno a la ‘paz total’ —y el primer aviso de que cumplir ese objetivo no iba a ser sencillo— ocurrió el 31 de diciembre del 2022, cuando el presidente Petro firmó un decreto de cese del fuego con cinco grupos armados, entre ellos el Eln, organización que cuatro días después desmintió la noticia a través de un comunicado, lo que obligó al Gobierno a dar reversa y a derogar el decreto, dando así el primer golpe de opinión a una de las políticas insignia de esta administración.

Poco más de tres meses después, el presidente Petro tuvo que suspender el decreto de cese del fuego bilateral con el ‘clan del Golfo’ en algunas zonas tras varias acciones armadas en contra de la población civil y de la Fuerza Pública en el Bajo Cauca antioqueño y después de que las autoridades indicaron que esta organización empujó a los mineros a un paro que mantuvo en vilo a la región durante un mes. Y esta semana lo suspendió con la disidencia de las Farc denominada Estado Mayor Central tras el asesinato de los tres niños indígenas.

Hoy, solo están vigentes las treguas con la ‘Segunda Marquetalia’ y las autodefensas de la Sierra.

Aunque para los expertos aún es pronto para hablar de fracasos, varios coinciden en que uno de los responsables de la incertidumbre que rodea a la política del Gobierno es el propio Rueda, por su gestión y por el tono de sus declaraciones, las que para muchas carecen de contundencia. “Desde el comienzo hemos repudiado ese hecho. Que el Eln se lo atribuya, pues es un gesto de responsabilidad para aclarar la situación y ya habrá el momento y el escenario judicial para que estos hechos sean sancionados”, dijo, por ejemplo, luego de que el Eln reconoció que habían cometido el atentado en Tibú.

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, calificó estas declaraciones de “inaceptables” y señaló que “no es un avance contra la impunidad que un grupo armado se atribuya un hecho criminal”. “Mal presagio para el éxito de la ‘paz total’, agregó.

Andrés Felipe Ortega, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, opina que la falta de contundencia en los mensajes del alto comisionado parecen denotar falta de experiencia y ausencia de metodologías en torno a la ‘paz total’. “En ocasiones es muy suave y creo que también debe tener la capacidad de apretar y decir: ‘si esto no va para ningún lado, entonces les mandamos la fuerza del Estado’. Es cierto que más allá de su conocimiento del territorio, le es físicamente imposible atender todos los frentes abiertos, pero creo que todavía no entiende que su rol exige más direccionamiento”, comentó.

Otro factor que tiene incidencia para analistas en temas de conflicto fue creer que las negociaciones de paz serían sencillas con la llegada de un gobierno de izquierda. También indican que al Gobierno no se le puede olvidar que están en medio de una disputa armada.

“Toda paz necesita un enemigo. Ese fue el primer error conceptual del Gobierno. Más allá de las buenas intenciones del alto comisionado, y el poco efecto de los esfuerzos de explicar la naturaleza ‘dialógica y exploratoria’ de las primeras fases de la ‘paz total’, el Gobierno no puede renunciar a la guerra”, escribió Jorge Mantilla, investigador en Conflicto y Crimen Organizado, en Razón Pública.

Pero más allá de las causas, es clave hablar de los efectos y de las implicaciones para el país. Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), dijo que las acciones armadas “son una provocación clarísima que busca generar crisis y confusión en los procesos de conversaciones de paz”.

Si bien para los expertos es claro que, al menos en el caso del Eln, estos ataques posiblemente seguirán sucediendo en tanto no se firme un acuerdo para ponerle fin al conflicto, lo cierto es que estas hostilidades sí afectan la esperanza de paz entre los ciudadanos.

Mientras tanto, la violencia

no cesa. Según datos de la Defensoría del Pueblo, desde el 31 de diciembre del 2022, fecha en la cual se anunciaron los cese del fuego, se han monitoreado 90 acciones violentas por parte de dichos grupos, de las cuales 20 obedecerían a enfrentamientos armados entre alguno de los grupos armados objeto del decreto y 70 a acciones violentas en contra de la población civil. “El centenar de acciones violentas que han adelantado los grupos armados ilegales durante este año dejan claro que no hay una verdadera voluntad de paz. Lo que sí queda claro es que se han venido burlando del Gobierno Nacional y se siguen burlando del anhelo de paz que tenemos todos los colombianos”, dijo Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo.

Por el contrario, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz resaltó, basado en un estudio de la JEP, que el cese del fuego bilateral habría reducido en 48 por ciento los ataques a la Fuerza Pública por parte de los grupos armados. El informe resalta que en este inicio de 2023 se presentaron 52 incidentes armados por parte de estructuras ilegales contra la Fuerza Pública, con siete acciones sicariales, seis emboscadas, 24 enfrentamientos armados, 11 hostigamientos, 1 retén ilegal y 3 secuestros.

El más reciente informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac) con fecha de corte al 30 de abril, también indica una reducción entre enero y abril de las acciones ofensivas por parte de grupos armadas, no obstante, si hace la sumatoria estas, alcanzan los 120 registros si se tienen en cuenta solo los grupos que tienen un cese del fuego activo y 32 con organizaciones con las que no hay una tregua vigente.

Sobre estas últimas, Jorge Restrepo, director del Cerac, señaló que una posible forma de reencauzar esta política del Gobierno es “empezar a obtener acuerdos de rápido cumplimiento como los acuerdos de desescalamiento”.

“El cese del fuego tiene que verse como un punto de llegada en la negociación mientras que los acuerdos de escalamiento pueden ser unas metas volantes que permitan abrirle un espacio político a las negociaciones”, dijo. En paralelo, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que en los primeros cuatro meses del 2023 se han registrado 40 asesinatos de líderes sociales, en 19 departamentos.

Esas cifras se suman al clamor de los campesinos y ciudadanos que habitan las regiones. El jueves más de 40 representantes de la Red Organizaciones Sociales, Campesinas, Étnicas, Agrícolas y Rurales que respaldan la ‘paz total’, instaron al Gobierno a implementar “mecanismos reales de protección a líderes y lideresas” y a “permitir la participación de la sociedad en la construcción de paz”.