Una transición en veremos

El fracaso anunciado de los proyectos eólicos en la Guajira es un campanazo de alerta para un país que habla mucho de adoptar una matriz energética más limpia.

Cuando las obras comenzaron en 2021, un comunicado de Enel Colombia informó sobre cómo el parque eólico Windpeshi sería uno de los 16 proyectos de fuentes de energía renovables que se desarrollarían en el departamento de La Guajira. Ubicado en jurisdicción de Uribia y Maicao, no muy lejos de la línea fronteriza con Venezuela, el lugar contaría con 41 aerogeneradores que proveerían electricidad suficiente para atender el consumo de unos 340.000 hogares.

Dos años más tarde, es claro que la historia resultó ser diferente. El miércoles pasado, un comunicado de la misma firma, informó sobre la suspensión indefinida de las ejecuciones “ante la imposibilidad de garantizar los ritmos constructivos del proyecto, debido a las constantes vías de hecho y altas expectativas que superan el marco de actuación de la Organización”.

Puesto de otra manera, los bloqueos que impidieron el paso de materiales y trabajadores aumentaron su frecuencia, además de las peticiones de distinto orden. Si al inicio fue obligatorio parar durante la mitad de los días laborales, en los últimos meses la proporción había subido al 60 por ciento con el alza consecuente en los costos totales: de 240 a 400 millones de dólares.

Todo apunta a que, en las semanas que vienen, llegarán anuncios similares por parte de otras empresas que quisieron aprovechar las condiciones naturales únicas de la parte norte del territorio nacional. De hecho, quienes saben del asunto sostienen que con excepción de dos instalaciones pequeñas que ya operan, lo demás está en veremos.

En concreto, plantas con una capacidad de 2.800 megavatios —cifra superior a la que aportará Hidroituango— se encuentran en riesgo de no ser construidas, incluyendo a una docena que tienen compromisos en firme con el sistema interconectado por 2.069 megavatios. Frente a un cronograma inicial que hablaba de inauguraciones sucesivas a partir de 2022, lo que hay ahora es una seguidilla de signos de interrogación. Los motivos en unos casos se asemejan al relatado arriba, pero también está la incertidumbre sobre la línea de transmisión Colectora I, que permitiría llevar la electricidad de un buen número de los parques eólicos a la red nacional. Por cuenta del proceso de consultas previas y licencias, los cables que debían estar tendidos en su totalidad el año pasado, posiblemente se demorarán hasta más allá de 2025.

Tal como van las cosas, se encuentra en entredicho la “transición energética justa, segura, confiable y eficiente”, a la cual se refiere con frecuencia Gustavo Petro. Las bases del plan de desarrollo, recientemente convertido en ley de la República, sostienen que “el país acelerará la penetración de energías renovables en la matriz y el sistema energético contará con infraestructura y tecnología avanzada que atienda la demanda”. Sin embargo, a la luz de los acontecimientos parece evidente que ocurrirá lo contrario.

El reto del territorio

Aunque hay varios proyectos nuevos de generación en marcha en otros puntos de la geografía colombiana, es indiscutible que la parte más septentrional de Suramérica posee condiciones de viento y radiación solar excepcionales. Por consiguiente, cualquier molino o panel fotovoltaico es más eficiente al momento de producir kilovatios que si se ubica en otros sitios en donde estos patrones oscilan mucho a lo largo del calendario.

Los puntos ideales, identificados para emplazar torres de unos 80 metros de altura con tres aspas de más de 40 metros, están ubicados o son vecinos del Resguardo Indígena Wayuu de la Alta y Media Guajira, que tiene una extensión superior al millón de hectáreas. Como explica el reconocido antropólogo Weildler Guerra, son tierras arenosas, con poca vegetación y árboles de trupillo que crecen en un suelo semidesértico.

Allí habitan cerca de 380.000 integrantes de una etnia que se dedica a labores como la pesca en el mar, el pastoreo de ganado, la extracción de sal, la pequeña agricultura o la elaboración de artesanías en las áreas rurales. La escasa cobertura de agua potable es la norma en un territorio en donde el porcentaje de niños fallecidos por causas asociadas a la desnutrición es la más alta del país.

A la luz de esas circunstancias podría creerse que la llegada de inversiones millonarias sería bienvenida por una comunidad urgida de progreso. Sobre el papel, la consulta previa establece los mecanismos para llegar a acuerdos colectivos e individuales, tanto en lo que se refiere a pagos por el usufructo de ciertas áreas, así como respecto a obras de compensación y mitigación.

No obstante, en la práctica los desafíos son mucho más complejos. Por ejemplo, el hecho de que una familia ocupe una zona, no necesariamente quiere decir que pueda disponer de ella. Con la crisis de Venezuela, muchos de los que vivían del otro lado de la frontera han vuelto a reclamar áreas con las que tienen vínculos, ante lo cual se desconocen pactos y surgen divisiones.

Además, hay un choque claro de culturas. Según señala Guerra, “no es un conflicto económico sino ontológico”. Aclara que “en la cosmología wayuu los vientos son seres plurales con temperamentos distintos: desde Jepirachi, el amoroso que viene del nordeste, hasta Jepiralujutu, el embaucador, pasando por Wawai, el huracán que lo destruye todo”.

Y añade: “Es entendible que poner obstáculos en el camino del viento cree inquietudes, como alterar el paisaje, aparte del temor de que se toquen sitios considerados sagrados”. Por tal motivo, aconseja, se requiere una labor de diálogo que debe partir del conocimiento y la creación de confianza “teniendo en cuenta que a mucha gente le hicieron perder la inocencia en el pasado”. Dada esa concepción, el asunto va mucho más allá de hacer una negociación veloz, centrada en el dinero. “Una energía renovable no necesariamente es limpia si los procesos sociales no son los adecuados”, sentencia el antropólogo nacido en Riohacha.

Por su parte, las empresas dicen que se han atenido a las reglas de juego establecidas y que han actuado con la mejor voluntad. “Somos los que estamos en el terreno y obviamente lo que nos interesa son las buenas relaciones con la comunidad”, sostiene un ejecutivo de una compañía involucrada.

Las quejas de unos y otros se dirigen a los entes estatales. Falta de acompañamiento, escogencia de autoridades indígenas que no son reconocidas por todos y mensajes que en lugar de calmar las aguas las revuelven, son algunas de las críticas.

“En vez de ayudar, el Gobierno o está ausente o enreda más las cosas, entre otras porque los ministerios adoptan posturas contradictorias”, añade el directivo. Como si eso no fuera suficiente, la conflictividad social está disparada, con un alza de 41 por ciento en el número de bloqueos y movilizaciones en lo que va del año, según lo reportó la Defensoría del Pueblo.

Para el experto Juan Benavides, “muchas comunidades ven la construcción de una nueva obra como la oportunidad de hacer visibles reclamos represados por décadas en materia de infraestructura local y proyectos productivos”. Y añade: “Las empresas deben ser parte de la solución de traer el progreso a estas comunidades, pero la responsabilidad básica es del Estado”.

Causas y efectos

Todo lo anterior hace que desenredar la madeja sea algo particularmente desafiante. Si bien en el caso concreto de la Guajira, Weildler Guerra insiste en que “el Gobierno todavía está a tiempo de hacer las cosas bien”, las soluciones tomarán mucho más tiempo de lo previsto.

Como consecuencia, los atrasos se traducen en amenazas serias. La primera es la capacidad de generación del sistema eléctrico, restringida justo cuando se aproxima el fenómeno del Niño.

Si bien en los últimos años entraron al sistema cerca de 1.500 megavatios adicionales, es mucho menos de lo que se esperaba frente a una demanda muy dinámica. Según datos de XM, en 2020 llegó el 16 por ciento de lo planeado, en 2021 el 7 por ciento y en 2022 el 28 por ciento. Este año es crucial, pues deberían incorporarse 6.600 megavatios, pero eso está por verse, pues en el primer trimestre apenas se logró una sexta parte de lo presupuestado.

Resulta evidente que el problema no solo está restringido a los parques eólicos, sino que el desafío es mucho más amplio. De manera inmediata, el riesgo es que un imprevisto condene al país a un racionamiento eléctrico a comienzos de 2024, pues las plantas térmicas deberán entrar de lleno en funcionamiento para darle una mano a las hídricas, restringidas por la falta de agua.

Aún si la emergencia causada por la sequía que viene se logra sortear sin mayores trastornos, las dudas hacia el futuro persisten. El principal motivo son diferentes decisiones o anuncios de la administración Petro, que en conjunto desestimula el arribo de nuevas inversiones, fundamentales en un país que no solo aspira a transformar su matriz de generación, sino que necesita ampliar la oferta de manera sustancial.

La lista va desde el desmonte de tres cuartas partes de los beneficios tributarios y de los arancelarios, hasta el aumento en las transferencias por ventas brutas de energía en las zonas con mayores regímenes de viento y sol. A ello se suma la posible eliminación de las restricciones a la integración vertical o la eventual extensión del tiempo que toma obtener una licencia ambiental.

Pero quizás lo más grave de todo es la interinidad en la Comisión de Regulación de Energía y Gas, hoy con mayoría de funcionarios a título de encargo. Dicha circunstancia elimina en la práctica la autonomía del que debería ser un cuerpo técnico e independiente, supeditándolo a la voluntad del ejecutivo. Lo que está en juego es nada menos que la certidumbre en torno a las tarifas que se podrán cobrar en el futuro y la credibilidad edificada a lo largo de décadas.

Así las cosas, aumenta la probabilidad de que la nueva subasta de capacidad por confiabilidad que se cierra en agosto, crucial para garantizar la expansión a finales de la década, resulte con pocos postores. El apetito de meterle cientos de millones de dólares a un proyecto cuando hay dudas sobre la estabilidad jurídica y la rentabilidad está en veremos, será más bien escaso.

Bajo el supuesto de que el sector privado no muestre entusiasmo, surge la carta de Ecopetrol como campeón de la transición energética, en combinación con su filial ISA. Desmontados los obstáculos legales la empresa podría meterse en generación, pero ello requiere de músculo financiero, competencias adicionales a las de ahora y mucha gestión.

Apuestas equivocadas harán imposible conseguir la tan mentada transición energética, con miras a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y llegar a ser carbono neutrales a mediados del siglo. Cálculos del Centro Regional de Estudios de Energía muestran que Colombia necesitaría aumentar sustancialmente su capacidad instalada actual: triplicar la de agua, multiplicar por 13 veces la solar y 15 veces la eólica, entre otras para convertir en realidad el anhelo de producir hidrógeno verde.

Un propósito tan ambicioso exige saber con detalles para dónde vamos. A finales del año pasado la ministra de Minas, Irene Vélez, prometió que la hoja de ruta estaría lista este mes, un plazo que ahora acaba de extender a febrero próximo.

Tanta incertidumbre coincide con un informe de reservas de petróleo y gas calificado de “decepcionante” por Amylkar Acosta. “Estamos sin rumbo”, añade un verdadero conocedor del asunto.

Frente a tantas alertas, lo que procede es enmendar la plana. Esto incluye rescatar los proyectos de generación prácticamente hundidos, promover la ampliación de la infraestructura de transporte, enviar las señales correctas al mercado eléctrico y reactivar la exploración de hidrocarburos con énfasis en gas, algo que se consigue a punta de trabajo y esfuerzo, no de consignas.

De lo contrario, el escenario sería catastrófico y una implosión se volvería factible: apagones frecuentes, salida de capitales, pérdida de la autosuficiencia y un menor crecimiento económico. “Sin seguridad energética no hay transición energética”, repite con frecuencia la presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez. Por el bien de los colombianos, vale la pena escucharla.